El análisis de la conducta del personal de salud desde la óptica judicial debe adecuarse a las circunstancias de excepción que motiva la pandemia de coronavirus.
Así lo sugiere el artículo de la revista Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário de la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil.1
Los autores consideran que la atención de la salud es un recurso que comparte la sociedad y los profesionales de la medicina, sus principales actores. Cuando la sociedad pide a algunos de sus miembros que asuman grandes riesgos personales es razonable esperar que la comunidad reconozca sus propias responsabilidades en reconocimiento a los desafíos requeridos.
La pandemia de COVID-19 es la primera crisis sanitaria contemporánea cuya potencia abruma al sistema de salud pública en todo el mundo.
La emergencia sanitaria desatada por el coronavirus motivó un cambio de circunstancias que impuso la adecuación del análisis judicial estándar al panorama de calamidad que enfrenta la sociedad y sus profesionales de la salud, en particular.
Promueven cambios en la legislación
El Instituto Brasileño de Estudios de Responsabilidad Civil (IBERC) presentó en mayo de 2020 una propuesta legislativa con el propósito de salvaguardar el desempeño de los médicos y otros proveedores de atención médica en el contexto de la pandemia de COVID-19.
Circunscripta a la responsabilidad médica, la presentación del IBERC persigue adecuar el cumplimiento de los supuestos de responsabilidad civil hacia estos profesionales.
Los autores del artículo de Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário estiman que la propuesta legislativa es necesaria por los cambios drásticos en las condiciones de trabajo imperantes en las zonas más afectadas por el coronavirus.
En circunstancias sin precedentes, los profesionales de la salud se desempeñan en entornos peligrosos, sin los recursos necesarios: hospitales colapsados por un sinnúmero de pacientes, médicos y enfermeras forzados a utilizar nuevos métodos de esterilización, insumos sanitarios alternativos y necesidad de tratar a los pacientes con medicamentos en fase de experimentación.
A nivel de derecho comparado, los cincuenta estados de EE.UU. cuentan con los denominados "estatutos del buen samaritano" que aseguran protección a quienes brindan voluntariamente servicios de atención médica en situaciones de emergencia a las personas que están o creen estar lesionadas, enfermas o en situación de incapacidad.
En períodos excepcionales, la "ley del buen samaritano" también se aplica a la conducta de los profesionales de la salud, los socorristas y a aquellos que actúan como voluntarios cuando prestan servicios bajo los auspicios de la ley en situaciones resultantes de accidentes, desastres o emergencias de salud pública.
El artículo analiza la propuesta del IBERC a la luz de la normativa jurídica vigente en el derecho portugués y español en el ámbito de la medicina pública como privada.
Respecto a los profesionales de la salud, el amparo legal que precisan evitaría reducirlos a meros espectadores de la tragedia por temor a demandas.
De acuerdo a los autores, la iniciativa del IBERC busca favorecer la labor médica asistencial, en el contexto de una situación pandémica y de presión extraordinaria sobre el sistema de salud.
En las circunstancias actuales, la elevada cantidad de pacientes leves y graves, los insumos médicos experimentales y los notables riesgos de contagios -entre otros factores de riesgo laboral- no deberían limitar la actuación de los profesionales de la salud, expuestos a litigios y reclamos de responsabilidad social.
1- Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário
Proteção jurídica dos profissionais de saúde envolvidos no atendimento em contexto da pandemia da COVID-19
Rosenval N, Dias Pereira A, Doménech JB
abr/jun, 2021
https://doi.org/10.17566/ciads.v10i2.769