Investigadores, paralamentarios y un centenar de organizaciones de la sociedad civil brasilera publicaron una nota técnica en rechazo al decreto del presidente Jair Bolsonaro que facilita el registro y uso de plaguicidas, incluidas sustancias prohibidas en Estados Unidos y Europa.

Los dieciséis puntos del documento revelan los graves impactos  que acarreará la disposición gubernamental en la salud humana, el medio ambiente y la agricultura del país.

El día 8 del mes pasado, el presidente Bolsonaro publicó en el Diario Oficial el Decreto Presidencial 10.833/2021 que reforma la Ley 7.802/89 de 1989 que regulaba en forma más estricta la utilización de pesticidas en Brasil.

Según las organizaciones ambientalistas, el decreto presidencial no es más que la puesta en práctica del Proyecto de Ley 6.299/2002, conocido popularmente como el "Paquete Venenoso", aprobado en 2018 por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados presidida por la entonces diputada Tereza Cristina, actual ministra de Agricultura.

En aquel momento, varios organismos públicos se manifestaron en contra de la medida y cerca de 2 millones de personas firmaron un manifiesto en contra del proyecto de ley y a favor de la Política Nacional de Reducción de Agrotóxicos (PNARA).

La nota técnica presentada hace dos semanas señala a la denominada "bancada ruralista" del Congreso Nacional de Brasil como la responsable del desmantelamiento de la normativa sobre el uso de plaguicidas. La acusación afecta los intereses de los grandes propietarios rurales.

Para Karen Friederich, investigadora de la Fundación Oswaldo Cruz y miembro del Grupo Temático de Salud y Medio Ambiente de Abrasco (Asociación Brasileña de Salud Colectiva), "los cambios provocados por el Decreto 10.833 son muy preocupantes. Dificultan el acceso a información relevante para la sociedad, pero sobre todo permiten registrar en el país productos muy tóxicos para la salud de las personas, como los pesticidas identificados como cancerígenos, que causan problemas hormonales y reproductivos, además de malformaciones en bebés".

De acuerdo a los signatarios del documento publicado, el decreto presidencial es inconstitucional e ilegal en forma y contenido por exceder las competencias del Poder Ejecutivo en detrimento de las correspondientes al Poder Legislativo y atenta contra el orden jurídico que protege a las personas y al medio ambiente.