Los 100 millones de dólares que el Congreso de los EE.UU. destinó a los centros de salud comunitarios que tratan grupos desatendidos. Es decir, el aporte legislativo contribuirá a la atención el 8 por ciento de los ciudadanos que no tienen seguro y el 23 por ciento de los inmigrantes legalizados, según un informe de 2019 de la Kaiser Family Foundation. Sin embargo, en los inmigrantes indocumentados, las tasas de personas sin seguro aumentan al 45 por ciento.

El concepto acerca del gasto público que profesa el gobierno de Trump, dificulta a los inmigrantes obtener la tarjeta verde (vigente hace dos semanas) para recibir beneficios del gobierno.

Entre las sucesivas discriminaciones que sufren los inmigrantes destaca el desaliento a usar Medicaid, peligrosa decisión que en momentos cruciales como el actual, deja a estas personas sin acceso a la atención médica asequible.

"Las epidemias no discriminan", dijo Louise McCarthy, presidenta de la Asociación de Clínicas Comunitarias de Los Ángeles a Catherine Kim de Vox. A continuación aclaró: "no discriminan según su estado de documentación, según sus ingresos, ni por cualquier otra causa. La atención médica tampoco debería discriminar".

La cobertura de salud tampoco es el único obstáculo que enfrentan los inmigrantes de bajos ingresos: la barrera del idioma para acceder a la información, el costo de las pruebas diagnósticas y el trabajo perdido por cuarentena sin licencia remunerada, determinan que los inmigrantes consideren inconveniente o imposible comunicar su enfermedad. A estas razones debe sumársele el temor de tantos a revelar la permanencia ilegal en el país, situación que les impediría visitar cualquier hospital.

Para muchos inmigrantes de bajos ingresos, la prevención y prueba de COVID-19 no está garantizada.

Para personas sin seguro las pruebas cuestan us$250 en el Centro Médico de la Universidad de Washington y en California un promedio de us$150; cifras prohibitivas para quienes están por debajo del umbral de pobreza.

Los inmigrantes de bajos recursos deben continuar trabajando porque tienen pocas opciones en contrario. El riesgo es manifiesto puesto que, en general, mantienen contacto cercano con otras personas, exponiéndose con alto riesgo a contraer la enfermedad y transmitirla a otros.