Un tercio de los reclusos y el personal (1 600 personas) de la cárcel de San Quintín se contagió con la Covid-19; fallecieron seis.
Durante los últimos cuatro meses, instituciones científicas del estado de California ofrecieron a los funcionarios de las prisiones pruebas gratuitas para testear el coronavirus, pautas para proteger las cárceles de la pandemia y advertencias dramáticas que pronosticaban la inminencia de los problemas.
A su vez, estudios de abogados presentaron mociones en la corte federal, solicitando que el gobernador de California Gavin Newsom obligue a las cárceles del Estado a prestar atención a los consejos de los especialistas. Dos de las recomendaciones centrales proponían evaluar al personal y a los reclusos con frecuencia, liberar a los prisioneros con el fin de habilitar dependencias de aislamiento, poner en cuarentena a los que puedan infectarse y proporcionar un espacio adecuado entre los reclusos. El tribunal negó las mociones y las instalaciones correccionales no pudieron implementar plenamente las medidas.
Ahora que estalló el brote en San Quintín y aumentan las hospitalizaciones en el área, los legisladores comenzaron a prestar atención. El 1 de julio, los senadores de California mantuvieron una reunión para identificar qué salió mal, con la esperanza de remediar los problemas y evitar que se repitan en otras cárceles del Estado, enfatizando el riesgo que estos brotes representan para las comunidades cercanas.
Un peligroso traslado
San Quintín atravesó buena parte de mayo sin COVID-19, mientras la California Institution for Men in Chino, lidiaba con un brote. Para proteger a los reclusos en riesgo, los funcionarios de esta prisión trasladaron a San Quintín a alrdedor de 120 prisioneros mayores de 65 años o con afecciones médicas subyacentes. Según informó el San Francisco Chronicle, muchos de ellos no fueron evaluados dentro de la semana del traslado, razón por la cual tuvieron tiempo suficiente para infectarse en la prisión.
Poco después de su llegada a San Quintín, algunos de los hombres mostraron síntomas. Después de que 25 dieron positivo, un funcionario del tribunal federal que supervisa la atención médica en las cárceles de California, solicitó a especialistas de la Universidad de California, Berkeley, que visiten San Quintín. Esimportante aclarar que el tribunal federal supervisa la atención médica en las cárceles estatales de California debido a que una resolución de 2005 determinó que el sistema de prestación de atención médica de la prisión violaba la prohibición constitucional de castigos crueles e inusuales. Lo que los investigadores encontraron el 13 de junio fue preocupante.
Una sección de la instalación carcelaria de 170 años tiene cientos de hombres en cinco niveles de celdas pequeñas. "Algunos gritaban pidiendo ayuda a través de las rejas de las celdas", dice Sandra McCoy, epidemióloga de Berkeley en la visita.
En un informe posterior resaltado como Urgente, el equipo escribió: "La ventilación es deficiente: las ventanas han sido soldadas y el sistema de ventiladores no parece haber estado encendido durante años". Aunque las máscaras de tela ayudan a reducir la transmisión del coronavirus, McCoy informa que no se pueden usar al comer o ducharse, y que probablemente no ofrecen protección suficiente en condiciones de hacinamiento.
Agrega además que la prisión se estaba quedando sin habitaciones para aislar a las personas enfermas, así como también les fue imposible poner en adecuada cuarentena a los que esperaban entre cinco y seis días para obtener los resultados de las pruebas.
Los investigadores escribieron en su informe que la población de San Quintín de inmediato debía reducirse a la mitad, porque de no ser así "tendrá graves consecuencias para la salud de las personas encarceladas en San Quintín, la custodia, el personal y la capacidad de atención médica de los hospitales del Área de la Bahía de san Francisco".
Pese a las advertencias, no hubo tal reducción y los 198 infectados del día del informe ascendieron a 1 389 durante las siguientes 2 semanas. "Dejamos todo para visitar y escribir este informe porque queríamos salvar vidas", dice McCoy. "Entonces, lo que vemos ahora es desgarrador".
Nueve de los diez brotes más grandes en los Estados Unidos se relacionaron con las cárceles, según el The New York Times.
En marzo, al registrarse brotes de Covid-19 en las prisiones de los Estados Unidos, Fyodor Urnov, director científico del Innovative Genomics Institute at Berkeley, ofreció servicios gratuitos de pruebas de COVID-19. "La respuesta fue cortés y respetuosa 'Gracias, pero estamos listos por ahora'", dice Urnov. Al surgir el brote de junio, repitió el ofrecimiento a los funcionarios de San Quintín y obtuvo una respuesta similar.
Investigadores en otro laboratorio de pruebas autorizado, administrado por UCSF y Chan Zuckerberg Biohub en San Francisco, también ofrecieron pruebas gratuitas a los funcionarios de San Quintín en mayo y junio, dice un investigador en el laboratorio que pidió no ser identificado porque no tienen permiso hablar en nombre de los institutos. Esas ofertas no fueron aceptadas hasta la semana pasada, cuando la prisión les envió un lote de muestras para procesar.
Los funcionarios de San Quintín no respondieron a una solicitud de comentarios. Pero el California Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR) respondió que "ha trabajado incansablemente para implementar medidas para proteger al personal, la población encarcelada y la comunidad en general". Dice que ha acelerado la liberación de 3.500 reclusos en las cárceles de California. El secretario del CDCR, Ralph Díaz, dijo: "Es difícil recibir y obtener contratos para poder evaluar suficientemente a todo el personal de todas las instituciones".
Sin embargo, en la nota urgente, los investigadores de UCSF y Berkeley proporcionan una descripción más detallada de la situación. En su visita, Stefano Bertozzi, un experto en políticas de salud de la UC de Berkeley, descubrió que los testeos de de la prisión dependían de la corporación clínica Quest Diagnostics porque su software para registros de salud interactúa en forma directa con la prisión. Quest se retrasó de forma intermitente durante todo el brote. En un comunicado de prensa que evita informar las situaciones de sus clientes específicos, Quest admitió que desde el 29 de junio la creciente demanda retrasó su tiempo de respuesta hasta seis días para las poblaciones no prioritarias.
Bertozzi explica que para enviar muestras a otros laboratorios, San Quintín podía alterar su software o ingresar manualmente los resultados en los registros electrónicos.
Fyodor Urnov teme que esta debacle de pruebas continúe ocurriendo en otras cárceles e instalaciones grupales del país. Para evitarlo, dice que los departamentos de salud deben evaluar el creciente número de proveedores de pruebas en su estado para vincularlos con las instituciones que los necesiten como respaldo.
"Confiar en un solo laboratorio, como Quest, fue poco realista", dice, y agrega que "varios laboratorios afiliados a la universidad todavía tienen miles de pruebas sin usar".
Tinderboxes en todas partes
Al menos 62 reclusos de San Quintín están ahora en hospitales fuera de la prisión, según el CDCR. La prisión ha instalado carpas afuera para ser utilizadas como estaciones médicas para los reclusos enfermos y aquellos que deben permanecer aislados o en cuarentena. Díaz informó que la prisión aceleraría la liberación de los reclusos con menos de 180 días para concluir sus condenas, y algunos de aquellos en riesgo de COVID-19 que están encarcelados por delitos no violentos.
Bertozzi y sus colegas de la UC de Berkeley piden ahora a los encargados de formular políticas que eviten la repetición de esta tragedia en otros lugares. La Folsom State Prison de California tiene el mismo hacinamiento y arquitectura centenaria que hizo de San Quintín un ambiente propicio para la violencia. A esta corresponde sumar California Medical Facility y el California Health Care Facility, dos prisiones estaduales para reclusos con problemas de salud.
Según precisa una moción presentada por la Oficina de Derecho Penitenciario de Berkeley, alrededor de 2 600 prisioneros de las 3 cárceles con altas posibilidades de sufrir COVID-19 grave, representarían un bajo riesgo para la seguridad pública si fueran liberados.
"Lo que está sucediendo es trágico", dice Bertozzi, y "también fue predecible".