El Congreso de los Diputados aprobó el Dictamen de Sanidad para la Comisión de Reconstrucción Social y Económica frente a la Covid-19, que propone en uno de sus puntos “tomar medidas para financiación pública de formación continuada de los profesionales sanitarios a cargo de las administraciones públicas, y para investigación independiente, divulgación/educación sanitaria y patrocinio de actividades de asociaciones de pacientes. Se prohibirá financiación de estas actividades, directa o indirectamente, por la industria".

El modelo de formación médica continuada, incluida su financiación, forma parte del debate profesional desde hace años; por ejemplo, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) celebró el año pasado su primer congreso nacional sin exposición comercial ni mesas patrocinadas y acudieron más de 2.500 médicos.

Farmaindustria, de acuerdo con su Código de Buenas Prácticas, ha publicado recientemente, y por quinto año consecutivo, las colaboraciones en investigación y en formación médica con profesionales y organizaciones sanitarias: “Contribuyó en 2019 con 483 millones de euros a actividades colaborativas de investigación y a formación científica en nuestro país. En concreto, 115 millones de euros fueron destinados a ayudas a profesionales sanitarios para que pudieran acudir a reuniones y congresos científicos-profesionales, mientras que las organizaciones sanitarias responsables de este tipo de encuentros contaron con un apoyo de 109 millones de euros. Además, las compañías farmacéuticas invirtieron 259 millones de euros en contratos con organizaciones y profesionales sanitarios para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito biomédico”.